¿QUÉ HA PASADO CON LOS CONTRALORES INCORROMPIBLES?

Contralores

¿QUÉ HA PASADO CON LOS CONTRALORES INCORROMPIBLES?

Hoy en día el tema del combate a la corrupción ya no es una novedad para los mexicanos, su difusión ha sido tal, que en sus inicios muchos de nosotros creímos a ciegas en un cambio tangible y radical que comenzaría a partir del momento en que los nuevos actores tomaran protesta en la casa de los tamaulipecos; sin embargo, desde el 19 de julio en que entró en vigencia la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, y hasta la fecha, poco o inclusive nada se ha sabido de ellos, y usted puede pensar que es lógico al estimar un precario lapso de tiempo.

No obstante, considero que desde el momento de entrevistarse con nuestros legisladores, los incorrompibles ya debían haber trazado una planeación basada en resultados, y al saber a qué órgano constitucional pretendían sumarse, estimo que los entonces aspirantes, ya conocían al menos el marco jurídico y las omisiones que se presentaban ante obligaciones evidentemente emanadas de la ley que implicarían el primer gran reto a combatir.

Citando un ejemplo de lo anterior, y bajo ningún otro objetivo que el de sumar desde afuera, se tiene a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, la cual en su página electrónica carece de cierta información que el ente público está obligado a dar a conocer por ser un sujeto obligado, ¿no me cree? Entonces tómese un momento para analizar la misma, apegándose al contenido del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que señala las obligaciones de los sujetos obligados.

Si se hace el ejercicio anterior, no me dejará mentir que no se encuentra la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, tal como lo señala la fracción VIII, entonces, evidentemente hay una falla que el órgano Interno de Control debe buscar subsanar, y a la par, sancionar si lo estima prudente.

Como señalé este es solo un ejemplo del cual esperamos pronta corrección, no por ello concreto que los demás órganos autónomos se encuentran del todo bien, sin embargo como esté no es un espacio atacar a nadie, solo diré que si usted lector gusta adentrarse a fondo, pues ya bien tiene un primer fundamento legal para comenzar.

Otro aspecto en el que debiera estarse trabajando a la brevedad, radica en la creación y difusión de los códigos de ética de fácil entendimiento para los servidores públicos, y que además implica una obligación de nuestros incorrompibles contralores, y yo me pregunto ¿un mes no ha sido suficiente para concretarlo? Espero estar equivocado en la idea de que se está esperando que a nivel federal hagan lo propio para así poder hacer uso del copy paste y valerse del esfuerzo ajeno, y aunque el dicho dice piensa mal y acertarás, prefiero reservarme malos pensamientos.

No obstante, baso mi criterio en la lectura y en la intuición de que nuestros protagonistas conocen que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha sumado y ha realizado una revisión de integridad en México, poniendo a disposición el estudio al respecto, en donde se explica la relevancia de estos documentos, que para mi punto de vista como fiel creyente del orden jurídico, no debieran existir, pues contravienen en cierta medida y exponen la certeza del principio de legalidad, el cual estima que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les es permitido por ley. Sin embargo, bien vale darle la oportunidad a todo aquello que sume en beneficio de las metas trazadas.

Por otra parte, nuestros incorrompibles tienen la tarea de cambiar la forma en cómo se percibe a nuestras instituciones públicas y disminuyan con sus acciones   el rechazo ciudadano hacía éstas, bueno, al menos respecto de los órganos constitucionalmente autónomos, a quienes diversos autores han considerado como parte de la nueva división de poderes.

Digo lo anterior ya que de no tener como objetivo lo dicho, podría caerse en lo que ha señalado el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, en el documento denominado “Sistema Nacional Anticorrupción: El reto que debe transformar al sistema político en México”, en el cual se expone, que se debilitarán a las instituciones y a la democracia de la nación, además de que se reflejará una sociedad violenta, y al respecto, estimo que en la materia se debe manejar la proclama de “Cero Tolerancia”

Otro tema de importante reflexión, radica en la participación ciudadana a través de la implementación de una nueva cultura de la denuncia, misma que los incorrompibles tienen el deber de fomentar a través de sus autoridades investigadoras, estableciendo áreas de fácil acceso, así como a través de los portales electrónicos. Por cierto ¿han notado que esto ya sea una realidad? Yo tampoco; sin embargo bien valdría la pena realizar un ejercicio similar al que implementó la Secretaría de la Función Pública, quien emitió el Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de que las personas conozcamos cómo denunciar actos de corrupción, las cuales por cierto pueden ser anónimas.

Y por cierto ¿ya se habrán puesto a estudiar sobre el debido proceso? punto realmente importante que implica desde su inicio un foco rojo al Sistema Anticorrupción, pues imagine usted, que un servidor público de esos inquietos que cometen actos que conlleven responsabilidades administrativas graves o no, se mofen de nuestro sistema y burlen a las leyes en materia por errores procedimentales.

El Dr. Miguel Carbonell, Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UAM, describe a esta figura como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Entonces a estudiar muy bien el marco jurídico para que esto no vaya a pasar, pues de lo contrario solo puedo asegurar que el descontento social llevará a la ruina al Sistema Anticorrupción.

Y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas…poco que decir, todo dependerá de la voluntad política que en su interior subsista, pues ya nuestro Gobernador constitucional tuvo a bien promover el pasado 2 de agosto del año en curso, la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 143 Bis a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, con el objeto de que  la UAT goce de independencia para gobernarse, expedir su normatividad interna y nombrar a sus autoridades, personal docente, administrativo y contralor; así que al respecto, los invito a que permanezcamos alertas, esperando que quien sea designado al cargo de incorrompible sea el mejor perfil, tal y como los designados por el Congreso del Estado.

Ahora bien, se pronostica que una vez designado el Comité Estatal de Participación Ciudadana, nuestros incorrompibles busquen un diálogo para firmar un convenio con la OCDE para llevar a buen puerto el combate a la corrupción en Tamaulipas, tal y como se hizo en Coahuila, Ciudad de México, y Nuevo León; sin embargo pareciera por el momento no haber voluntad ni consenso al interior de la Comisión de Selección.

¿Por qué decir lo anterior? Sus integrantes ya han dado en fechas anteriores la primer queja respecto de su apresurada designación, factor que influenció en que no se tuviera el tiempo suficiente para estimar prospectos al Comité, ¿será verdad? Lo cierto es que pareciera que estos personajes no pensaron en prospectiva al momento candidatearse al cargo, por lo tanto no hay excusas.

Tal vez usted piensa que no se puede exigir bajo la inexistencia de remuneración económica alguna y como dice el sabio dicho, y no lo digo yo, que “con dinero baila el perro”, pues nos aguantamos otro ratito, que al final de cuentas la emisión de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, así como la expedición del protocolo de actuación en contrataciones, entre otros tantos, pueden seguir esperando.

Finalizo ya mi intervención, con la afirmación que diera Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE a la que me sumo, y que dice: “Los ciudadanos mexicanos han rechazado rotundamente lo que se consideran ser un sistema político y de gobierno plagado por altos niveles de corrupción, que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor”.

Es entonces tarea de todos cambiar nuestra vergonzosa realidad, así que a estar pendientes de lo que pasa en la cosa pública, y a sumar al Sistema Estatal Anticorrupción.

Dejar respuesta