Diputados y senadores proponen auditar gastos en comunicación social de la SEP

SEP

La Segunda Comisión aprobó un dictamen para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lleve a cabo una revisión del ejercicio de los recursos públicos realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2017.

Lo anterior, en razón de que el gasto en comunicación social de dicha dependencia presuntamente excedió al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año fiscal.

En el dictamen se explica que este exhorto tiene su origen en dos puntos de acuerdos –que señalan por separado– que un medio de comunicación nacional realizó una investigación que revela que en 2017, bajo la gestión del entonces titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, la dependencia erogó mil 963 millones de pesos en el rubro de comunicación social.

Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año otorgaba la cantidad de 70.6 millones de pesos, “de tal suerte que el gasto fue 2 mil 680 por ciento superior al aprobado”.

Indican que “esa cantidad exorbitante de recursos bien pudo haber sido destinada a lo sustantivo, a mejorar escuelas, a preparar a los maestros”.

“Que este gasto de recursos públicos, en un monto 27 veces mayor a lo aprobado, en la sobrexposición mediática del secretario Aurelio Nuño constituye, desde luego, un delito y deben determinarse las responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar”, se agrega.

Los integrantes de la Segunda Comisión, que preside el diputado Agustín Basave, recordaron que existen disposiciones constitucionales que obligan a los servidores públicos a utilizar a la propaganda gubernamental como un instrumento de comunicación social, no personalizada y con apego a las disposiciones presupuestales aprobadas por los órganos legislativos.

Por ello, consideraron necesario que la ASF lleve a cabo una exhaustiva auditoría respecto a los recursos que utilizó la SEP en materia de comunicación social, explique el origen de los mismos y su destino de manera puntual con respecto al ejercicio fiscal 2017. 

Que SRE informe si se negocia esquema de “Tercer País Seguro” con EU

En la misma reunión, este órgano de trabajo aprobó seis dictámenes más, de los cuales destaca uno que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe sobre los alcances y términos del esquema conocido como “Tercer País Seguro” en su modalidad de instrumento de política migratoria. 

Los legisladores pidieron que el reporte precise la veracidad de la información que sostiene que México se encuentra negociando un acuerdo de este tipo en el contexto de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En el documento se informa que un análisis del centro de Estudios Fronterizos señala que México negocia con el gobierno estadounidense “para convertirnos en el Tercer País Seguro” y actuar como centro de detención de migrantes no mexicanos que buscan asilo o refugio en EU.

Se trata, se agrega, de una triangulación administrativa para evitar la entrada masiva de personas centroamericanas al país vecino.

Tercer País Seguro tiene la finalidad de que todos los extranjeros, en este caso los no mexicanos, solicitantes de asilo en territorio de Estados Unidos por razones humanitarias, políticas o cualquier otra, pidan primero asilo en México antes de llegar a la Unión Americana. 

Bajo este acuerdo, los extranjeros no mexicanos solicitantes de asilo deberán obtener el refugio en nuestro país antes de  poder llegar a solicitarlo en EU. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado ya su preocupación y han subrayado que en el territorio mexicano los migrantes, y de manera particular, las mujeres y los niños, son frecuentemente víctimas de crímenes violentos que, en su mayoría, nunca se resuelven.

Una encuesta reciente con 229 migrantes centroamericanos en México encontró que 31.4 por ciento de las mujeres y 17.2 por ciento de los hombres han sido abusados sexualmente durante su travesía por el país. 

Los migrantes y los refugiados enfrentan un alto riesgo de ser víctimas de secuestro, desaparición, agresión sexual, tráfico y otras violaciones en México, se advierte.

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